Tanto desde el mundo de la promoción inmobiliaria como del mundo de la arquitectura, llegan reclamaciones y opiniones polémicas sobre el rol de la Administración Pública en el nuevo segmento de la co-habitación. A veces como “stopper” de la innovación y a veces como organización aún no digitalizada, su nivel de adecuación a la normativa europea, a las licitaciones con la nueva pero ya obsoleta Ley de Contractos del Sector Público, destapan problemáticas que afectan la Construcción Industrializada y el uso de metodologías de trabajo colaborativo y BIM, por ejemplo.